Según explicó Angie Cruickshank, defensora de los habitantes, el Gobierno no estableció los criterios ni técnicos ni legales para justificar el plazo de un año como el establecido, considera que la discusión en torno a este tema ha sido limitado y solo se ha centrado en relación a la prórroga, actos preparatorios de concesión y el canon sin que se tome en consideración que el país carece de un marco regulatorio integral en relación con la materia, situación que ha sido también reconocida por la Contraloría General de la República y SUTEL.
Ante esto la defensora solicitó al ejecutivo dedicarle el tiempo razonable y, en el marco de un ejercicio democrático para garantizar los derechos fundamentales por medio de una nueva ley en materia de radio y televisión, que incorpore criterios técnicos y legales modernos y actualizados que rijan las concesiones para los próximos 25 años.
