El debate sobre la libertad condicional en el sistema penal de Costa Rica está en auge tras la reciente decisión del Juzgado de Ejecución de la Pena. Entre 2023 y 2024 (hasta el 31 de octubre), se concedió este beneficio a 456 personas privadas de libertad, a pesar de la oposición del Instituto Nacional de Criminología (INC) del Ministerio de Justicia.
Este cambio de medidas, que afecta a una gran cantidad de internos, ha generado polémica, sobre todo por las críticas de sectores que cuestionan la efectividad del sistema judicial en garantizar la seguridad pública.
En el 2023, el INC analizó 2.089 casos, recomendando la negativa a 1.822 de ellos. Sin embargo, el Juzgado de Ejecución de la Pena otorgó la libertad condicional a 323 reclusos, mientras que en 2024, de los 1.811 casos revisados, 1.599 recibieron recomendación negativa, pero 133 lograron beneficiarse de la libertad anticipada.
¿Es justo permitir la libertad a quienes cometieron crímenes tan graves? Esta pregunta es el eje del debate.
Es entendible que muchas personas sientan frustración al ver que los esfuerzos de la policía parecen no tener resultados duraderos, su trabajo en la captura y custodia de quienes infringen la ley es una muestra de su compromiso con la protección de la ciudadanía”, señaló el Ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos.
En su mayoría, los sentenciados que se beneficiaron de la libertad condicional fueron acusados de delitos contra la Ley de Psicotrópicos, contra la propiedad, contra la vida y por delitos sexuales.
Fotos con fines ilustrativos
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