El director del OIJ, Randall Zúñiga, alertó vía redes sociales sobre una preocupante situación: el Estado costarricense estaría obligado a devolver bienes decomisados al narcotráfico por no contar con recursos para mantenerlos.
Según Zúñiga, los inmuebles y vehículos incautados deben entregarse en las mismas condiciones en que fueron decomisados, sin tomar en cuenta la depreciación sufrida con el paso del tiempo.
La revelación generó reacciones inmediatas. La diputada oficialista Pilar Cisneros calificó como “extraña” la afirmación del jerarca del OIJ y afirmó que el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) no ha recibido ninguna notificación oficial al respecto.
Tenemos muchos bienes decomisados y lo último que queremos es devolvérselos al narco”.
Cisneros atribuyó la situación a una falta de coordinación entre las instituciones.
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