El derribo de la aguja ubicada en el acceso a Punta Leona continúa generando debate en el cantón de Garabito. Tres exalcaldes coincidieron en señalar que una actuación de esta naturaleza debía sustentarse en una resolución judicial vigente, especialmente porque la condición jurídica del camino sigue siendo objeto de discusión en los tribunales.
Tres exalcaldes cuestionan el procedimiento utilizado
Los exalcaldes Tobías Murillo Rodríguez, quien dirigió la Municipalidad de Garabito entre 2016 y 2024; Marvin Elizondo, alcalde entre 2007 y 2016; y Víctor Ríos Chavarría, quien ocupó el cargo entre 1998 y 2002, expresaron sus dudas sobre el procedimiento realizado el pasado 4 de junio para retirar la aguja instalada en el acceso a Punta Leona.
Los tres exfuncionarios sostienen que cualquier intervención sobre un acceso cuya naturaleza jurídica aún es analizada por los tribunales debe ejecutarse únicamente con respaldo de resoluciones judiciales claras y respetando plenamente el debido proceso.
Murillo pide demostrar la existencia de una orden judicial
Tobías Murillo manifestó que la principal interrogante es si realmente existía una resolución judicial que autorizara la apertura del acceso.
"Si ya había una orden del juez para abrir la calle, lo más correcto era haber presentado ese documento antes de ejecutar la actuación", señaló el exalcalde.
Murillo indicó que la presentación previa de una resolución judicial habría permitido brindar mayor transparencia al procedimiento y reducir cuestionamientos sobre la actuación municipal.
Advierte sobre posibles afectaciones ambientales
El exalcalde también expresó preocupación por los posibles efectos que podrían generarse sobre el humedal de la zona si continúan los proyectos anunciados por la administración municipal, entre ellos la realización de un concierto en Playa Blanca.
"Sería una lástima que por estos procedimientos se afecte no solo la economía de Garabito, sino también la del país", afirmó.
Marvin Elizondo asegura que nunca recibió una orden para abrir ese acceso
El exalcalde Marvin Elizondo explicó que durante sus diez años al frente del gobierno local nunca recibió una resolución judicial ni un acuerdo del Concejo Municipal que ordenara abrir el acceso donde se encontraba la aguja.
"En mis diez años como alcalde nunca recibí una notificación de ningún juez ni un acuerdo municipal que ordenara abrir ese acceso público. La única orden recibida fue retirar unos bloques de concreto colocados en el sector de las rocas, y eso fue lo que se hizo", indicó.
Elizondo sostuvo que todas las actuaciones realizadas durante su administración respondieron estrictamente a las disposiciones judiciales existentes en ese momento.
Víctor Ríos afirma que las sentencias anteriores ya fueron ejecutadas
Por su parte, Víctor Ríos recordó que durante su administración se ejecutaron las resoluciones judiciales relacionadas con la apertura de los accesos hacia Playa Blanca y Playa Mantas.
Según explicó, dichas actuaciones contaron con la participación de autoridades judiciales, representantes del Instituto Geográfico Nacional y funcionarios municipales.
"La sentencia emitida en el año 2001 ya fue ejecutada. Si se pretende abrir otro acceso, debe existir una nueva resolución judicial que así lo determine", afirmó.
Ríos considera que corresponde ahora a los tribunales definir de manera definitiva si el camino donde estaba ubicada la aguja posee carácter público o privado.
Exalcaldes coinciden en la importancia de la seguridad jurídica
A pesar de pertenecer a diferentes administraciones municipales, los tres exalcaldes coincidieron en que la seguridad jurídica debe prevalecer en cualquier actuación de las instituciones públicas.
Consideran que una sentencia definitiva permitirá resolver la controversia sobre la naturaleza jurídica del acceso a Playa Blanca y brindará certeza tanto a la Municipalidad de Garabito como a los habitantes, inversionistas y visitantes del cantón.
Un debate que continúa en los tribunales
El caso del acceso a Punta Leona mantiene abierto un debate sobre el alcance de las competencias municipales, el cumplimiento de las resoluciones judiciales y la protección de los bienes de dominio público.
Mientras los procesos judiciales continúan su curso, los exalcaldes insisten en que cualquier actuación futura debe realizarse con total apego al marco legal y con respaldo de resoluciones judiciales firmes, evitando decisiones que puedan generar nuevas controversias legales o administrativas.