En Costa Rica el parto sigue siendo para muchas mujeres un escenario de vulneración, donde la violencia, la humillación y la negligencia se entrelazan con la falta de escucha, incluso cuando existen leyes y protocolos que deberían asegurar dignidad, seguridad y respeto.
Desde
mi labor en derechos humanos acompaño a numerosas mujeres víctimas de violencia
obstétrica, y la recurrencia de sus testimonios demuestra que no estamos ante
hechos aislados, sino ante un patrón que se repite con dolorosa regularidad.
El
Observatorio de Violencia Obstétrica Costa Rica recibe reportes constantes que
evidencian que esta problemática no es excepcional, sino estructural y
persistente; a ello se suma el Movimiento de Parálisis de Erb Costa Rica,
integrado por madres que fueron violentadas durante sus partos y cuyos bebés
sufrieron discapacidades permanentes por la falta de atención oportuna y por
maniobras como la “Kristeller”, prácticas que no solo lesionaron a las mujeres,
sino que dejaron daños irreparables en sus hijos e hijas, daños que pudieron
evitarse.
En
los últimos meses he acompañado también a dos mujeres que enfrentan el duelo de
sus bebés, fallecidos por omisiones que jamás debieron ocurrir, recordándonos
que la violencia obstétrica no es un concepto abstracto, sino una realidad que
marca vidas para siempre.
La Semana Mundial del Parto Respetado no es un gesto conmemorativo ni una fecha más en el calendario; es un recordatorio incómodo de que, en pleno siglo XXI, seguimos permitiendo prácticas que la Organización Mundial de la Salud clasifica como violencia de género, prácticas que incluyen intervenciones sin consentimiento, negación de acompañamiento, tratos degradantes, humillación verbal, procedimientos dolorosos sin explicación, separación injustificada del bebé, amenazas, negligencia y omisiones que ponen vidas en riesgo.
Y
mientras esta violencia ocurre, existe una ley —la Ley de Parto Respetado de
2021— que reconoce el derecho de toda mujer a un parto digno, informado y
acompañado. Sin embargo, una ley sin cumplimiento es apenas un papel, y en
Costa Rica ese papel se está rompiendo sobre los cuerpos de miles de mujeres.
Cuando
el sistema falla: la historia de Lu
Para
comprender la gravedad de lo que ocurre basta escuchar la historia de una mujer
a quien llamaré Lu, una joven de 18 años que vivió su parto en un hospital
público. Su embarazo había sido normal y su control prenatal adecuado, pero las
primeras manifestaciones de violencia comenzaron apenas fue internada.
Ingresó
a las siete de la mañana, le realizaron un ultrasonido y le dijeron que todo
estaba bien, que le colocarían un gel para inducir el parto; sin embargo, las
horas pasaban sin explicación y, cuando preguntó, un enfermero se limitó a
responder que “más tarde verían”.
Las
contracciones iniciaron de noche, primero sin dolor y luego intensas, una
enfermera le ofreció un suero “para acelerar”, sin explicarle qué era. A las
cinco de la mañana, con apenas tres centímetros de dilatación, otra enfermera
le pidió permiso para “ver si llegaba a cuatro”, pero lo que hizo fue una
separación de membranas sin informarle ni pedir su consentimiento.
En
sala de partos, la situación se volvió abiertamente violenta. Cuando una
contracción fuerte hizo que se le cayera el suero, una enfermera le dijo que no
estaba colaborando y que sacarían al papá para dejarla sola; no la dejaron
moverse, ni elegir posición, ni la escucharon cuando advirtió que estaba
sangrando demasiado. Le administraron oxitocina sin explicaciones y, al ver que
no dilataba con la rapidez que esperaban y que el ritmo cardiaco del bebé
bajaba, decidieron realizar una cesárea de emergencia.
Antes
de entrar al quirófano, una enfermera le jaló el pelo para ponerle un gorro,
luego le colocaron una sonda sin explicarle nada y la dejaron expuesta en un
pasillo, con las piernas abiertas y su cuerpo completamente visible, mientras
trabajadores del ICE y estudiantes observaban sin su consentimiento, señalándola
y comentando: “vean, va para cesárea, vean bien”.
Su
bebé nació bien, pero no se lo dieron para contacto piel a piel y nadie le
explicó por qué. En recuperación, un enfermero le dijo que la pasarían al salón
“cuando él quisiera”, no cuando ella preguntara; lloró sin saber dónde estaba
su hija.
Cuando
finalmente la llevaron, tuvo que cambiarse sola de camilla, adolorida y
mareada, porque “necesitaban la camilla”. Descubrió que a su bebé le habían
dado fórmula sin consultarle; cuando pidió ayuda para alimentarla, una
enfermera pellizcó a la recién nacida para “despertarla”, y al pedirle que no
lo hiciera, la enfermera se molestó y se fue.
Esa
noche, otra funcionaria le advirtió que si no podía levantarse a bañarse sola,
se llevarían a su bebé; mareada y débil, se obligó a ponerse de pie. Pasó de
lunes a jueves en el hospital y, aunque salió con su hija en brazos, salió
también con una herida más profunda: la de haber sido tratada como un objeto,
no como una persona.
La
violencia obstétrica no es un concepto: es una realidad documentada
La
Organización Mundial de la Salud (OMS) define la violencia obstétrica como
maltrato, abuso o falta de respeto antes, durante o después del parto; la
Organización Panamericana de la Salud (OPS) advierte que esta violencia
debilita la confianza en los sistemas de salud y deja secuelas físicas y
emocionales irreparables. El Observatorio de Violencia Obstétrica Costa Rica
confirma que estas prácticas siguen ocurriendo en hospitales públicos y
privados, y el Movimiento de Parálisis de Erb Costa Rica demuestra que la
negligencia no solo hiere, sino que también discapacita y mata. Estas
realidades no pueden seguir siendo minimizadas, justificadas ni normalizadas
bajo la narrativa de “así se ha hecho siempre”.
Una
ley que existe, pero que no se cumple
La
Ley de Parto Respetado reconoce derechos fundamentales como el trato digno, la
información clara, el consentimiento informado, el acompañamiento continuo, la
libertad de movimiento, el respeto por la fisiología y el contacto piel a piel.
Sin embargo, en la práctica estos derechos se violan todos los días.
Una
ley sin formación, sin auditorías, sin sanciones y sin voluntad institucional
es una ley que no protege; la violencia obstétrica no se erradica con afiches
ni con discursos, sino con responsabilidad, vigilancia, formación en derechos
humanos y un compromiso real con la vida y la dignidad.
El
cuerpo de la mujer no es territorio de abuso
La
violencia obstétrica no es una experiencia aislada, es un problema de derechos
humanos; es una realidad que nos obliga a confrontar quiénes somos y quiénes
aspiramos a ser como país.
Como
especialista en derechos humanos he acompañado a muchas mujeres que llegan
rotas, confundidas, culpabilizadas, silenciadas; mujeres que no solo parieron,
sino que sobrevivieron, y ninguna mujer debería sobrevivir su parto. Si
queremos un país donde nacer no implique violencia y parir no implique riesgo,
debemos actuar como sociedad. La dignidad no es opcional, la autonomía no es
negociable y el respeto no puede seguir dependiendo de la suerte o del turno.
Cuando una mujer ejerce sus derechos, cambia su parto; cuando un Estado los
protege, cambia la historia de su pueblo.
MsC.
Lorena De La Garza
Especialista
en Derechos Humanos
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