A pocas semanas del reinicio de clases, Costa Rica ha sido testigo de un creciente número de incidentes violentos dentro de sus centros educativos, relacionados principalmente con el bullying. Los datos son preocupantes: más de 600 denuncias de violencia escolar fueron registradas entre enero y julio de 2024, y más del 50% de esos casos ocurrieron dentro de las instituciones educativas; a la fecha ya se reportan 12 casos.
El bullying, lejos de ser solo una serie de bromas o enfrentamientos menores, ha escalado a situaciones que incluyen amenazas graves, agresiones físicas y hasta el uso de objetos que podrían causar heridas serias. A menudo, estos hechos se viralizan a través de redes sociales, donde estudiantes graban y comparten los enfrentamientos, aumentando la visibilidad del problema. Entre los objetos utilizados en estos actos violentos, se incluyen desde lápices y tijeras hasta paraguas, lo que ha llevado a que muchos de estos sean considerados armas en el contexto de la Ley Penal Juvenil.
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Gerardo Gutiérrez, jefe de investigación de la Sección Penal Juvenil del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), explicó que las consecuencias legales para los menores que cometen estos actos son graves. En su declaración, señaló que cualquier menor de 12 años en adelante que cometa una contravención o delito puede ser procesado según la Ley Penal Juvenil. Esto incluye sanciones que van desde multas hasta penas de prisión de hasta 10 años, dependiendo de la gravedad de los hechos y la edad del agresor. Para los menores entre 15 y 17 años, la pena máxima puede ser de 15 años de prisión.
Uno de los aspectos más alarmantes es la normalización de la violencia en las aulas. Gutiérrez destacó que frases como “te espero a la salida” no son simples amenazas, sino provocaciones que, en muchos casos, terminan en riñas y agresiones. Las amenazas personales y agravadas, que implican a más de un agresor, están en aumento, así como las lesiones físicas, muchas veces originadas por juegos o empujones que rápidamente se convierten en actos de violencia.
Este fenómeno, que afecta tanto a agresores como a víctimas, ha sido identificado por Gutiérrez como un reflejo de la falta de disciplina en el hogar y la debilidad de la autoridad en las instituciones educativas. En muchos casos, los jóvenes son presionados por grupos selectivos, y aquellos que se niegan a pertenecer a estos grupos se convierten en objetivos de violencia.
A pesar de los esfuerzos del OIJ, que trabaja de la mano con el Ministerio de Educación Pública, la Fuerza Pública y otros organismos, las cifras siguen aumentando. Gutiérrez advirtió que la falta de denuncia en algunos casos impide obtener una imagen completa del problema, ya que muchas situaciones no se reportan oficialmente.
Es necesario que padres, educadores y autoridades comprendan la gravedad de este problema y actúen con urgencia. El bullying no solo afecta a las víctimas, sino que también pone en riesgo el futuro de los agresores, quienes pueden enfrentar consecuencias legales severas,” afirmó Gutiérrez.
A raíz de este escenario, el llamado es claro: las familias deben establecer límites en casa, dialogar con sus hijos sobre el respeto y las consecuencias de sus acciones, y trabajar en conjunto con las instituciones educativas para erradicar el bullying y crear un ambiente más seguro para todos los estudiantes.
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