La Corte Suprema de Justicia aprobó este lunes 10 de febrero nuevas medidas para fortalecer la seguridad en las sedes judiciales del país, con énfasis en las de mayor riesgo, como las ubicadas en Limón y Pococí. La decisión responde al asesinato del subjefe del OIJ de Guápiles, Geiner Zamora, el 1° de febrero.
Las acciones incluyen redirigir recursos para mejorar la seguridad sin afectar los servicios judiciales, y consultar a la Contraloría General de la República (CGR) sobre la posibilidad de declarar un Estado de Urgencia y Necesidad para acceder a fondos adicionales del Poder Judicial.
Además, se implementarán nuevos protocolos de seguridad y un plan de autoprotección para el personal judicial, con el objetivo de capacitar al 100% de los funcionarios este año. El proyecto contará con un presupuesto de ₡2.400 millones para 2025, enfocado en tres áreas clave: infraestructura, procesos y seguridad de las personas.
Foto con fines ilustrativos
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