La Defensoría de los Habitantes presentó esta semana una solicitud ante la Sala Constitucional para que se adopten medidas cautelares y garantizar la protección del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. La petición busca asegurar el cumplimiento de la sentencia número 2019-012745, que declaró inconstitucional la Ley 9223, la cual había alterado los límites de este importante refugio natural.
El análisis jurídico presentado por la Defensoría, que consta de 86 páginas, incluye todos los elementos probatorios necesarios para sustentar la solicitud de medida cautelar. Esta acción se basa en el incumplimiento de la sentencia de 2019, ya que, a pesar de las órdenes dadas a los órganos del Poder Ejecutivo, no se ha realizado la delimitación oficial del refugio, lo que ha permitido la tala de árboles y el otorgamiento de permisos de aprovechamiento forestal.
La Defensora, Angie Cruickshank, destacó que este proceso ha durado 11 años sin avances significativos.
Han transcurrido 11 años aproximadamente desde que se inició con este tortuoso proceso sin obtener resultados tangibles y positivos. A partir de lo anterior, es que esta Defensoría, con sustento en la gestión de seguimiento de cumplimiento de la sentencia 2019-012745 que está conduciendo la Sala Constitucional, interpone una solicitud de medida cautelar dentro de esta etapa de ejecución, para que la decisión tomada por ese Tribunal no se quede en el papel, sino que tenga eficacia, en lo que aún se pueda conservar y proteger, pese a los daños que puedan haberse generado y se resguarde así el patrimonio natural de los y las habitantes”
Uno de los principales problemas señalados en la solicitud es la falta de delimitación oficial del refugio, lo que ha permitido que se otorguen 952 permisos de aprovechamiento forestal entre 2014 y 2024. Además, se menciona la entrada en vigor del Plan Regulador Costero Talamanca-Cahuita, que no incluye todos los humedales de la zona, lo que ha dado lugar a concesiones de uso indebido de terrenos del Patrimonio Natural del Estado.
En este contexto, la Defensoría solicita que se suspendan las concesiones y permisos de construcción en el área del Refugio Gandoca-Manzanillo hasta que se defina claramente la delimitación del refugio. Además, se pide la suspensión de la Directriz 09-2023 del Ministerio de Ambiente y Energía y la detención de permisos de explotación forestal en los bosques de la zona.
Cruickshank espera que la Sala Constitucional considere esta solicitud como urgente, a fin de evitar daños irreparables al medio ambiente y la biodiversidad de esta área, considerada una de las más ricas en recursos naturales del país.
Foto con fines ilustrativos
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