El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) determinó que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, junto con el vicepresidente Stephan Brunner y el canciller Arnoldo André, podrían ser responsables de al menos cuatro delitos electorales. Tras tres años de investigación, el TSE concluyó que la campaña que llevó a Chaves a la presidencia en 2022 se habría beneficiado de fondos ilegales provenientes de dos estructuras paralelas, fuera del control del Partido Progreso Social (PPS). Estas estructuras operaron sin reportar los donativos al TSE y sin contar con la supervisión correspondiente.
Una de las estructuras investigadas es el fideicomiso Costa Rica Próspera y la otra, la cuenta bancaria de Sofía Agüero, hija del diputado Waldo Agüero. Agüero fue quien coordinó la agenda de Chaves en 2021. Según las investigaciones, estos fondos no fueron reportados adecuadamente y podrían haber sido utilizados para financiar ilegalmente la campaña presidencial.
El informe, que fue secuestrado por el Ministerio Público a mediados de enero, incluye más de ¢248 millones provenientes de los fideicomisos investigados. Las penas por la creación de estructuras ilegales de financiamiento electoral podrían ser de entre dos y seis años de cárcel, según el Código Electoral.
El caso ha cobrado relevancia tras la intervención de la Fiscalía General, que secuestró documentos clave del proceso. La investigación continúa y se busca determinar si se vulneró la transparencia del proceso electoral y si hubo uso ilegal de recursos en la campaña del presidente Chaves.
Foto con fines ilustrativos
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