El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, reaccionó este lunes al veto presidencial que frenó el proyecto de ley que permitiría a los agentes judiciales armados jubilarse a los 55 años, tras 30 años de servicio.
Según Zúñiga, el veto era previsible, pero enfatizó que los diputados dieron un respaldo sólido al proyecto al aprobarlo con 40 votos, superando el mínimo requerido. Sin embargo, el Ejecutivo consideró que la iniciativa afectaba la estructura del Poder Judicial.
En el último estudio actuarial que se tiene más reciente desde hace un mes y pocos días de las finanzas del Poder Judicial, se determina que el fondo del Poder Judicial tiene una solvencia del 97%, esto es muy superior al momento cuando se votó por la ley hace unos dos meses aproximadamente y que tenía una solvencia de un 84%."
Según Zúñiga, este porcentaje es superior en comparación al fondo de pensiones del régimen IBM que presenta apenas un 56% de solvencia.
El impacto económico de permitir esta jubilación no sería tan alto como lo sugiere el Ejecutivo. La solvencia del fondo es sólida”, recalcó Zúñiga.
Asimismo, defendió que no se puede hablar de igualdad entre cuerpos policiales con condiciones laborales tan dispares. Aseguró que los agentes del OIJ trabajan hasta 3.000 horas al año, mientras que otros cuerpos policiales laboran entre 2.000 y 2.244 horas.
Además, remarcó que, a diferencia del resto de empleados públicos, los funcionarios judiciales continúan cotizando un 13% al régimen de pensiones incluso después de jubilarse. Esto, dijo, representa un esfuerzo económico adicional que no se toma en cuenta en la comparación.
Cualquier empleado público que se jubila en este momento, deja de cotizar al régimen de invalidad, vejez y muerte, y ya disfruta de su pensión, en el caso de los funcionarios judiciales y en este particular los de OIJ, una vez que se jubilan siguen pagando ese 13%, como contribución al fondo de pensiones."
Zúñiga finalizó solicitando a los diputados que respalden el proyecto cuando regrese a votación bajo el trámite de resello.
Esperamos que se mantenga el apoyo. Este proyecto no es un privilegio; es una necesidad basada en condiciones reales y diferenciadas”, puntualizó.
Fotos con fines ilustrativos
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