Un privilegio que no muchos gozan y pese a los problemas económicos que tiene el país, el Poder Judicial le da viáticos a algunos privados de libertad de zonas alejadas para que cubran sus gastos cuando tengan alguna diligencia (audiencias o juicios) en San José, donde pasan horas o hasta días a la espera les resuelvan su situación jurídica.
La directriz causa molestia entre funcionarios judiciales, que de forma anónima aseguraron a NOTICIAS RED CR que con ellos es un "mundo" el pago de los viáticos, donde en ocasiones se los atrasan o no les pagan y entre la ciudadanía, agregan que el país vive una situación económica compleja para que el Poder Judicial esté otorgando esos privilegios.
"No hay presupuesto para aumento salarial y durante 7 años hemos mantenido el mismo salario y para empezar a ganar extras, debemos laborar 12 horas Estamos de acuerdo que le den viáticos a una persona ofendida, que viva largo y sea de pocos recursos, pero a un acusado no", comentaron.
MONTO AÚN NO LO REVELAN
Ante la consulta de este medio, la oficina de prensa del Poder Judicial mencionaron: "En atención a la consulta remitida, el Poder Judicial promueve el acceso a la justicia de toda la población, en especial de las personas en condición de vulnerabilidad, como es el caso de las personas con discapacidad, adultas mayores, menores de edad, indígenas, víctimas.
Respecto a las personas que pueden optar por estas ayudas, se han girado directrices por medio de la Circular N° 29-2024 (adjunta) donde se establecen las condiciones bajo las cuales se debe valorar cada caso para recibir la ayuda económica, así mismo, la persona responsable de hacer la valoración socioeconómica para determinar si por su condición requiere de este tipo de ayuda.
En el caso de los despachos, corresponderá a la persona juzgadora realizar esta valoración, para personas imputadas al profesional de la Defensa Pública, para personas ofendidas, la persona profesional del Ministerio Público, la valoración en cada uno de los casos debe quedar consignada en una resolución, la cual se incorpora en el expediente de la causa, como un elemento de control interno y de trazabilidad el otorgamiento de la ayuda.
Con respecto a los montos a reconocer, se establece una relación con los montos autorizados por la Contraloría General de la República en el Reglamento de gastos de viaje y de transporte para funcionarios públicos, el cual regula lo relativo al monto de alimentación (desayuno, almuerzo y cena), así como el hospedaje según sea la localidad. En lo relativo al reconocimiento del costo de transporte, se utiliza la información de las tarifas que publica la ARESEP.
Las solicitudes de reconocimiento de ayudas económicas siempre deben ser valoradas por la autoridad judicial correspondiente, no se tramitan de manera oficiosa, siempre debe existir solicitud por parte de la persona usuaria y una valoración motivada que evidencia la situación socioeconómica que justifique el otorgamiento de la ayuda.
En cuanto al dato del monto, se solicitó la información, la cual se encuentra en construcción, por lo que una vez se cuenta con el dato, les será suministrado", manifestaron.
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