Aunque Costa Rica mantiene compromisos internacionales para garantizar los derechos de las mujeres, las víctimas de violencia obstétrica continúan enfrentando un sistema que, lejos de brindar respuestas oportunas, suele revictimizarlas durante los procesos de denuncia y búsqueda de justicia.
Costa Rica ha firmado tratados internacionales que prohíben toda forma de violencia contra las mujeres. Sin embargo, cuando una mujer decide denunciar violencia obstétrica -una de las formas de violencia más normalizadas, invisibilizadas y devastadoras-, se enfrenta a un sistema que parece diseñado para desgastarla, no para protegerla.
Como defensora de derechos humanos especializada en casos de violencia obstétrica, he acompañado, escuchado y sostenido a decenas de mujeres que llegan buscando respuestas, contención y justicia. Ellas saben que algo se destruyó durante el parto: no solo en sus cuerpos, sino también en su dignidad. Muchas cargan secuelas físicas irreparables, lesiones en el suelo pélvico, mutilaciones genitales derivadas de prácticas innecesarias o mal ejecutadas, y traumas profundos que permanecen tanto en la memoria emocional como en la corporal.
Pero cuando finalmente reúnen el valor para denunciar, descubren una segunda forma de violencia: la institucional. Se encuentran con procedimientos obsoletos, procesos interminables, falta de sensibilidad, barreras burocráticas y una profunda ausencia de derechos humanos. En lugar de recibir acompañamiento, deben justificar su dolor y enfrentar mecanismos que terminan revictimizándolas.
La violencia obstétrica no concluye cuando
termina el parto. Para muchas mujeres continúa en los pasillos de las
instituciones, en el silencio de las autoridades y en un sistema que aún no
reconoce plenamente la magnitud del daño que han sufrido.
El dolor que no se ve, pero que marca una vida
La psicología perinatal ha demostrado que la violencia obstétrica deja huellas profundas y duraderas. La investigadora española Ibone Olza, referente mundial en el estudio del nacimiento y la salud mental materna, lo explica con claridad: “El parto es un acontecimiento trascendental; cuando se violenta, se altera no solo el cuerpo, sino la identidad emocional de la mujer”.
Pero no solo la mujer sufre las consecuencias. La evidencia científica también demuestra que los bebés pueden verse afectados cuando el nacimiento ocurre en un entorno hostil, apresurado o violento. Sobre esto, Olza señala: “El nacimiento deja una impronta en el bebé; las primeras experiencias moldean su sistema de estrés y su manera de sentirse seguro en el mundo”.
Estas dos reflexiones revelan una realidad
fundamental: cuando se violenta un parto, no solo se afecta solo a la madre,
también se impacta al recién nacido, al vínculo que empieza a construirse entre
ambos, a su desarrollo emocional temprano y, finalmente, al tejido social que
ambos sostendrán.
Relatos que exponen la crudeza de un sistema
que falla
Una joven mujer -a quien llamaré Caro-, llegó a su parto sana y confiada. Sin embargo, salió con una episiotomía innecesaria y mal realizada, que mutiló su vagina y le dejó secuelas en su vida sexual, física y emocional. Cuando decidió denunciar, recibió una respuesta devastadora por parte del médico involucrado: “No pierda el tiempo… la única que ha ganado una denuncia fue porque el bebé murió.” ¿Puede un país que se proclama garante de derechos humanos permitir semejante nivel de crueldad e impunidad institucional?
Otro caso es el de Auxi, quien lleva más de quince años atrapada en procesos interminables. Años de audiencias, silencios, expedientes que avanzan a paso lento, funcionarios que no escuchan y una revictimización constante que el propio sistema se encarga de reabrir una y otra vez.
Andrea, por su parte, dos años después de presentar su denuncia, continúa enfrentando maltrato verbal por parte de una fiscal, expedientes extraviados y una ausencia total de acompañamiento, empatía y perspectiva de derechos humanos. Todo esto mientras cría a sus hijos pequeños y trabaja para sostener su hogar, obligada a cargar en soledad con un proceso desgastante, violento y sin respuestas.
Estas tres historias no son casos aislados ni
excepciones. Son el reflejo de un patrón que expone el funcionamiento real de
un sistema incapaz de garantizar los derechos humanos más básicos de las
mujeres. Un sistema que incumple sus obligaciones, normaliza la revictimización y les niega
el acceso a una justicia pronta, efectiva y cumplida.
¿Qué está fallando?
No se trata de un ataque, sino de un acto de responsabilidad. Costa Rica cuenta con leyes, compromisos internacionales y una normativa que debería proteger a las mujeres. Sin embargo, en la práctica, muchas de estas garantías permanecen en el papel y terminan convirtiéndose en promesas incumplidas.
Un país que se enorgullece de su sistema de
protección no puede permitir que las mujeres, dadoras de vida, sean obligadas a
atravesar procesos que reabren sus heridas y las someten a tratos que ninguna persona
merece, precisamente en uno de los momentos más vulnerables de su existencia.
Cuando denunciar se vuelve un acto de
supervivencia
Muchas mujeres deciden no denunciar porque saben que el sistema las va a desgastar. Prefieren invertir su energía en sanar: en terapia, en fisioterapia de suelo pélvico, en reconstruir su autoestima, en recuperar su vida sexual y en volver a confiar en su cuerpo. Otras sí denuncian, pero lo hacen sabiendo que enfrentarán un camino lleno de obstáculos, indiferencia y violencia institucional.
¿Es esto justicia? ¿Es esto lo que Costa Rica
promete cuando firma tratados internacionales? ¿Es esto lo que merecen las
dadoras de vida?
La salida: educación, sensibilización y
compromiso real
La solución no es compleja, pero sí urgente y necesaria. Es posible incorporar contenidos sobre derechos humanos, violencia obstétrica y salud perinatal en colegios y universidades; integrarlos de manera transversal en las carreras de ciencias médicas y sociales; y fortalecer los programas de formación continua en hospitales públicos y privados.
A esto se suma la necesidad de un sistema de justicia preparado, con rutas de denuncia que no hieran, y con acompañamiento psicológico y legal capaz de sostener a cada mujer durante todo el proceso.
La evidencia es clara: cuando una mujer sufre violencia obstétrica durante el embarazo, el parto o el postparto, las consecuencias trascienden el momento de la atención médica. Los efectos pueden ser físicos, emocionales y psicológicos, y no afectan únicamente a la madre. Los bebés también pueden verse impactados por estas experiencias, con consecuencias que alcanzan el vínculo temprano, el desarrollo emocional y el bienestar futuro.
Las secuelas para ambos pueden ser profundas,
duraderas e incluso irreparables. Por eso, prevenir la violencia obstétrica,
atenderla adecuadamente y garantizar justicia para quienes la han sufrido no es
solo una obligación legal; es un compromiso ético y humano que Costa Rica no
puede seguir postergando.
Un país que protege a las mujeres, protege también
su futuro
Si Costa Rica quiere ser coherente con los compromisos que ha asumido al firmar tratados internacionales y desarrollar leyes, protocolos y políticas públicas, debe garantizar que ninguna mujer sea violentada en uno de los procesos más vulnerables, trascendentales y significativos de su vida: el embarazo, el parto y el postparto.
Resulta inconcebible que, después de haber sufrido esta forma de violencia, muchas mujeres deban enfrentar procesos de denuncia que las revictimizan, retrasan el acceso a la justicia y profundizan su sufrimiento. Ninguna persona debería verse obligada a luchar contra el mismo sistema que tiene la obligación de protegerla.
El país necesita un cambio profundo que garantice procesos dignos, ágiles, sensibles y centrados en los derechos humanos. Un sistema capaz de escuchar, acompañar y reparar, en lugar de desgastar y silenciar.
Porque proteger a las mujeres durante la maternidad no es únicamente una cuestión de salud o de justicia. Es una inversión en el bienestar de las familias, en el desarrollo de la niñez y en el futuro de toda la sociedad. Un país que protege a las mujeres en el momento de dar vida, protege también su propio futuro.
MsC. Lorena De La Garza
Especialista en Derechos Humanos