El viernes pasado visité un país que está muy cerca de mi corazón: Costa Rica. Regresé a Panamá preocupado.
Mi impresión, tras diversas conversaciones y observaciones directas, es que Costa Rica atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia democrática reciente. Un país que durante décadas ha sido referente regional de estabilidad, institucionalidad y libertad comienza a mostrar síntomas alarmantes de deterioro.
El gobierno del presidente Rodrigo Chaves ha impulsado un estilo autoritario, confrontacional y personalista que erosiona los pilares del Estado de derecho. Sus ataques a la prensa independiente, a órganos constitucionales como el Tribunal Supremo de Elecciones y la Contraloría, y su presión directa sobre el Ministerio Público configuran una estrategia deliberada de concentración de poder.
Aunque Costa Rica aún conserva su estatus de “democracia plena” según el índice de The Economist —junto a Uruguay, las únicas en América Latina—, la creciente polarización política, el debilitamiento institucional y los discursos estigmatizantes contra la oposición, la prensa y la justicia plantean un escenario inquietante. El riesgo de una deriva hacia un régimen híbrido, con fachada democrática pero prácticas autoritarias, es real.
La economía tampoco ayuda. Aunque la inflación cerró en 0,84% a fines de 2024, el alto costo de vida sigue afectando a los hogares. Productos como transporte, lácteos y bebidas alcohólicas son más caros que en otros países de América Latina y de la OCDE. Esta tensión alimenta el descontento y puede ser instrumentalizada políticamente.
A ello se suma el agravamiento de la inseguridad, impulsada por el narcotráfico y el crimen organizado, que han penetrado territorios y estructuras locales. La percepción de inseguridad ha escalado, y con ella, la pérdida de confianza en la capacidad del Estado para responder.
En este contexto, la elección presidencial y legislativa de 2026 no será una más. Lo que se definirá será el tipo de régimen político que desean preservar los ticos: uno basado en instituciones fuertes, libertades civiles y equilibrio de poderes, o uno sustentado en el poder concentrado de una figura personalista.
Costa Rica enfrenta una encrucijada crítica. Las tensiones entre el Ejecutivo y los demás poderes, el deterioro del respeto a la prensa, la expansión de la inseguridad y los desafíos económicos ponen en riesgo los pilares de su democracia.
Por ello, es imperativo que la ciudadanía, los partidos, el sector empresarial y la sociedad civil actúen con responsabilidad.
Costa Rica ha sido un faro democrático en América Latina, especialmente en una región como Centroamérica. Si su democracia se debilita, el impacto será regional.
La historia nos recuerda que la democracia puede tardar décadas en construirse, pero puede perderse en un abrir y cerrar de ojos. Reflexionemos.
Porque algo huele mal en Costa Rica.
Perfil del columnista
- Politólogo y jurista, experto en elecciones, gobernabilidad y democracia.
- Experto en relaciones con gobiernos, con un profundo conocimiento de los países latinoamericanos y un amplio network de contactos políticos al más alto nivel en la región.
- Más de 25 años de experiencia en diseño y ejecución de proyectos, fundraising y en cargos directivos de alto nivel.
- Fuerte capacidad analítica para comprender el entorno político a nivel nacional, regional y global.
- Analista de temas políticos e internacionales, con especial foco en America Latina.
- Articulista, comentarista y conferencista.
- Miembro del Consejo Asesor Internacional del Programa Latinoamericano del W. Wilson Center, Washington, EEUU.
- Non-Resident Senior Fellow en Brookings Institution, Washington, EEUU.
- Miembro del Consejo Asesor de la Revista Foreing Affairs en Español.
- Miembro del Consejo Asesor Internacional del Índice sobre Gobernabilidad de Africa de la Fundación Mo Ibrahim.
- Académico de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, Argentina y de la Academia de Ciencias Morales y Politicas de Buenos Aires, Argentina.
