Recope y los diputados de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa acordaron este martes 11 de octubre ampliar la discusión del proyecto de ley N.° 25.206, una iniciativa que busca fortalecer la lucha contra el robo de combustibles, delito que ha mostrado una creciente participación del crimen organizado.
Durante la audiencia, la presidenta de Recope, Karla Montero, explicó que la reforma pretende endurecer las penas, unificar sanciones y dotar de mayores facultades a la empresa estatal y a las autoridades judiciales y policiales para enfrentar este fenómeno.
“El perfil del delito ha cambiado. Pasamos de grupos pequeños a estructuras criminales vinculadas con homicidios, narcotráfico y lavado de dinero. Por eso requerimos un marco legal más firme y actualizado”, afirmó Montero ante los legisladores.
La jerarca destacó los avances logrados en la estrategia de prevención que Recope impulsa desde 2022, la cual ha permitido reducir en un 64% las tomas ilegales y en 56% la cantidad de combustible sustraído entre 2023 y 2025. En ese mismo periodo, las denuncias ciudadanas aumentaron un 5,4%, y los operativos conjuntos con el OIJ, la Fuerza Pública y la Fiscalía crecieron un 300%.
A pesar de los resultados, Montero advirtió que la legislación vigente, aprobada en 2020, presenta vacíos que dificultan la persecución penal, por eso, la propuesta plantea elevar las penas, tipificar otras acciones como delitos, así como crear una Unidad de Protección Especial de Ductos (UPED), con carácter preventivo y auxiliar.
“No buscamos sustituir funciones policiales, sino contar con respaldo legal para actuar con inmediatez. La intervención temprana salva vidas, previene explosiones y reduce los daños ambientales”, enfatizó Montero.
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