El Parlamento nicaragüense aprobó este lunes una nueva legislación que autoriza multas e incluso el cierre de empresas que apliquen sanciones internacionales dentro del país. Este paso busca contrarrestar medidas como las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos al gobierno liderado por Daniel Ortega.
La normativa otorga al Ejecutivo el poder de sancionar económicamente o suspender las operaciones de las entidades que colaboren con políticas sancionadoras externas. La Asamblea Nacional, controlada mayoritariamente por el oficialismo, respaldó la propuesta por unanimidad.
La aprobación de esta ley se da pocos días después de una reforma constitucional que consolida aún más el poder de Ortega y su esposa, Rosario Murillo, quien ha pasado de ocupar el puesto de vicepresidenta a un nuevo rol de "copresidenta".
Mientras Ortega argumenta que estas medidas son necesarias para proteger al país de injerencias externas, expertos advierten que los sectores bancarios podrían enfrentar serias dificultades, dado que muchas de estas instituciones operan en mercados internacionales.
Desde las manifestaciones de 2018, que dejaron más de 300 fallecidos según la ONU, Nicaragua ha enfrentado sanciones por parte de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Estas medidas han afectado a funcionarios y entidades acusadas de violaciones de derechos humanos y represiones gubernamentales.
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