El ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón Leiva, informó que la decisión se tomó el 1.º de abril durante la sesión del CNC, estableciendo un plazo de dos meses para definir el procedimiento de cobro. Este esfuerzo responde a un informe de Auditoría Interna de diciembre de 2024, que evidenció una falta de gestión en la imposición de sanciones entre 2018 y 2023.
Las multas corresponden a fallos en la infraestructura vial, como deficiencias en mantenimiento, baches, deslizamientos de tierra, hundimientos y problemas con el alumbrado público. Con esta acción, el Gobierno busca garantizar el cumplimiento de las responsabilidades contractuales de la concesionaria y mejorar la calidad de la vía.
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