El presidente de la República vetó este martes el proyecto de ley que proponía otorgar jubilación anticipada a funcionarios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), pese a haber sido aprobado previamente en segundo debate por la Asamblea Legislativa.
El veto ha encendido el debate público, generando cuestionamientos sobre si los diputados decidirán hacer un resello y aprobar la ley por insistencia, lo que podría ser interpretado como una jugada política con miras a las elecciones del 2026.
La decisión del Ejecutivo responde a preocupaciones fiscales y criterios de sostenibilidad del sistema de pensiones, según fuentes cercanas al Gobierno. Mientras tanto, el Congreso tendrá la última palabra, en un ambiente político cargado de presión ciudadana y expectativa mediática.
Ahora la pregunta que muchos costarricenses se hacen es: ¿cederán los diputados ante el clamor de los trabajadores judiciales o se mantendrán firmes en el veto presidencial?.
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