A tres meses de iniciado el juicio, los jueces del Tribunal Penal de a Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada (JEDO) ordenaron repetir todo el proceso contra los 31 acusados, incluidos los presuntos líderes Hery y Gery Campos.
Fuentes relacionadas al caso mencionaron a NOTICIAS RED CR que se había cumplido el plazo legal máximo de suspensión de 20 días sin haber sesionado.
Según los registros, la defensa había ejercido sus derechos conforme al marco legal, interponiendo recusaciones ante presuntas irregularidades en la integración de los tribunales, denuncias que incluso dieron pie a investigaciones formales ante el Tribunal de la Inspección Judicial por posibles infracciones disciplinarias y faltas al deber de probidad.
Hasta la fecha, los únicos actores judiciales formalmente cuestionados y denunciados son algunos de los propios jueces del tribunal JEDO, lo que ha llevado a sectores jurídicos a interpretar esta sentencia como una maniobra para desacreditar la labor de la defensa técnica, trasladándole una carga pública e institucional que no le corresponde.
El nuevo juicio deberá reprogramarse con un tribunal distinto, en un ambiente ahora marcado por la tensión, el cuestionamiento al debido proceso y lo que algunos abogados consideran una estrategia de intimidación contra quienes ejercen la defensa de personas imputadas en procesos de criminalidad organizada.
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